El titular del jugado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la solicitud de personación de nueve pueblos a favor de la M-501 al considerar "que no son parte interesada", según informó a Europa Press el alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Pablo Martín Cabezuela.  Sin embargo, el procedimiento procesal no permite la personación como parte afectada cuando la sentencia se encuentra en ejecución,  como es este caso.

Pablo Martín Cabezuela, que lidera el grupo de trabajo a favor de la M-501, se ha mostrado sorprendido con la decisión judicial y ha añadido que es "chocante" que el juez acepte la implicación de los ecologistas que "ni son vecinos de los pueblos ni tienen su sede aquí, y no la de los representantes legítimos de 35.000 vecinos y de los pueblos cuyos habitantes necesariamente pasan por esta vía". "Nosotros somos los que ponemos los muertos y no nos aceptan como parte del proceso judicial", dijo el alcalde.

Los nueve pueblos que decidieron personarse en la causa del Tribunal Superior de Justicia son Pelayos de la Presa, Chapinería, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Rozas de Puerto Real, Villamantilla, Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Robledo de Chavela. El alcalde de San Martín de Valdeiglesias lamentó que las administraciones locales hayan tenido que actuar en el proceso de desdoblamiento de la vía para la expropiación de terrenos y para la adopción de las futuras medidas medioambientales que contempla, pero que no se les tenga en cuenta en el proceso judicial.

Pablo Martín Cabezuela, que lidera el grupo de trabajo a favor de la M-501, se ha mostrado sorprendido con la decisión judicial y ha añadido que es "chocante" que el juez acepte la implicación de los ecologistas que "ni son vecinos de los pueblos ni tienen su sede aquí,

EL Tribunal Superior de Justicia dictaminó a principios de junio la suspensión de las obras de desdoblamiento de la carretera M-501 por defectos de forma en el cumplimiento de la legislación medioambiental europea y estableció una caución de casi medio millón de euros a Ecologistas en Acción, que es la parte que ejerce la acusación. La organización se encuentra recaudando dicha cuantía mientras los alcaldes de los municipios afectados reclaman que se terminen las obras para superar los problemas de seguridad de la vía.

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