Sindicatos y asociaciones ciudadanas ha venido denunciando durante estos días que el Gobierno Regional está privatizando la sanidad madrileña, situando por delante de la salud de los ciudadanos la oportunidad de negocio de las empresas. Y de esa guisa tienen arrinconado al consejero Güemes, bizarro y temerario, que se ve abucheado en los hospitales que visita para anunciar la introducción de nuevos aparatos médicos.

Así las cosas, no para ahí el movimiento, y sólo hay que visitar la red para comprobar la cantidad de sitios que piden firmas contra la aprobación de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999, en la que el Gobierno decidió desarrollar, en los hospitales del Insalud la Ley 15/97 de habilitación de nuevas formas de gestión de la Sanidad.

Esta Ley establecía que la gestión y administración de los centros, servicios o establecimientos sanitarios, de protección de la salud, de atención sanitaria o socio-sanitaria, podría llevarse a cabo directa o indirectamente a través de la constitución de entidades admitidas en derecho.

Nadie discute que la Sanidad sea universal y que la titularidad de su prestación es y seguirá siendo pública, al menos mientras está vigente la Constitución de 1978. Pero que no es gratuita es algo sobre lo que se pasa "de puntillas". La pagamos entre todos con los impuestos, directos o indirectos, que gravan y en qué medida absolutamente todo lo que hacemos y adquirimos: desde la modesta barra de pan hasta el más lujoso de los objetos que podamos imaginar. Es más, la farmacia, que es una parte de la sanidad, algunos la pagan dos veces: una con sus impuestos y otra mediante el copago. Tema interesante, que merece un estudio en profundidad para despejar muchas dudas y aclarar muchos conceptos.

Ya empieza a ser costumbre que cuando se acercan los tiempos en los que hay que aprobar los Presupuestos Generales del Estado uno de los temas que "se pone de moda" es la privatización de la Sanidad, y que desde todos los sectores interesados se desaten campañas mediáticas para hacer llegar a la ciudadanía mensajes contradictorios y claramente interesados. Especialmente en los últimos días el rifirrafe entre el Gobierno Central y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid se ha hecho más intenso. "La Comunidad de Madrid se gasta el dinero en otras cosas…", se dice desde el Gobierno Central. "La Comunidad de Madrid es la que más invierte en sanidad pública…”, se contradice desde el gobierno madrileño.

Portavoces de Comisiones Obreras, de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública y de UGT, entre otras voces, claman contra las privatizaciones y externalizaciones que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Sanidad se arremete contra los liberados sindicales… Parece que los términos "privatización" y "externalización" generan tal enfrentamiento entre lo que podríamos llamar la patronal de la Sanidad y los representantes de los trabajadores, porque están en juego intereses contrapuestos.

La sensación que recibe el usuario es que las famosas listas de espera, la utilización masiva de establecimientos privados para la prestación de determinados servicios, el hecho de que los nuevos hospitales hayan sido construidos por empresas privadas, la escasez de plantillas que han provocado problemas de asistencia durante el pasado verano, entre otras cosas, presagian que en el futuro la cuasi gratuidad de que disfrutamos ahora desaparecerá, para establecer alguna forma de copago –ya la ley de la dependencia lo contempla–. Porque en este mundo globalizado nada sucede por casualidad ni nadie invierte si no espera obtener pingües beneficios en el futuro.

Ahora bien, ¿supone algún beneficio para el usuario la privatización? Es evidente que mientras no se exija el copago, la cuestión tendrá claros y oscuros. Siempre habrá personas que se sientan bien atendidas y otras que se quejarán del servicio que reciben, porque la valoración de la sanidad es algo subjetivo.

 No hace falta ser Keynes para darse cuenta de que en la estructura de costes se introduce un elemento que ahora no existe: el beneficio industrial, legítimo para el empresario que se "arriesga" a prestar un servicio a la Administración.

  El hecho de que los nuevos hospitales hayan sido construidos por empresas privadas, la escasez de plantillas que han provocado problemas de asistencia durante el pasado verano, entre otras cosas, presagian que en el futuro la cuasi gratuidad de que disfrutamos ahora desaparecerá.

Ahora bien, ¿supone algún beneficio para el usuario? Es evidente que mientras no se exija el copago, la cuestión tendrá claros y oscuros. Siempre habrá personas que se sientan bien atendidas y otras que se quejarán del servicio que reciben, porque la valoración de la sanidad es algo subjetivo. Es indudable la calidad facultativa, técnica y profesional de la gran mayoría de las personas que trabajan en la sanidad española, pero ¿se mantendrá esa calidad cuando las contrataciones se hagan al margen de las condiciones que hoy exigen las ofertas de empleo público?

Al margen de los aspectos subjetivos, hay un elemento objetivo que juega claramente en contra de los usuarios: los costes. En este sentido no hace falta ser Keynes para darse cuenta de que en la estructura de costes se introduce un elemento que ahora no existe: el beneficio industrial, legítimo para el empresario que se "arriesga" a prestar un servicio a la Administración, porque si se mantiene o se mejora la misma calidad en los servicios, si se mantiene el mismo número de profesionales, si se mantiene la relación salarial, ¿de dónde saldrá el beneficio industrial?

Al final, sólo significará un aumento en el coste que tendremos que sufragar entre todos los contribuyentes, bien mediante una subida de los impuestos o mediante el copago.

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